El nuevo Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda en Andalucía

La Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda con un objetivo ambicioso: impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. Una noticia clave para quienes trabajan en el sector y buscan oportunidades en el mercado inmobiliario andaluz.

Estas son las principales medidas, que pueden transformar tanto la oferta de suelo como el acceso a ayudas y licencias:

1. Más suelo disponible para VPO

• Cambio de uso de suelos: Se permite reconvertir solares y edificios de uso turístico o de oficinas en viviendas en Andalucía con protección oficial. Esto amplía el stock de suelo urbano disponible para construir.

• Incremento de edificabilidad y densidad: Si el suelo se destina a vivienda asequible incentivada, se autoriza un aumento del 20% en ambos parámetros, lo que mejora la viabilidad del proyecto.

2. Tramitación más rápida para grandes proyectos

• Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP): Las promociones de más de 250 viviendas protegidas podrán acogerse a esta unidad, reduciendo plazos administrativos y facilitando la gestión del suelo.

3. Subvenciones y financiación preferente

• Ayudas públicas: La Junta invertirá 272 millones de euros en subvenciones para proyectos de vivienda pública y privada. Las ayudas pueden alcanzar hasta 30.000 € por vivienda.

• Fondos Next Generation: Los promotores podrán acceder a préstamos blandos procedentes de estos fondos para financiar proyectos de housing Andalucía en régimen de alquiler asequible.

4. Precios y acceso más adaptados a la realidad

• Actualización de precios máximos: Se han revisado los coeficientes territoriales que regulan el precio de venta y alquiler de las VPO.

• Ampliación de beneficiarios: Se eleva el umbral de acceso hasta 5,5 veces el IPREM (7 veces en algunos casos), lo que permitirá que más familias accedan a vivienda en Andalucía.

Estas medidas suponen una oportunidad real para quienes promueven, planifican o financian proyectos de vivienda protegida. Además, dinamizan un stock de viviendas sin construir que puede activarse con nuevos incentivos y más seguridad jurídica.